miércoles, 10 de febrero de 2010

Nota del diario Clarin.

TRIBUNA

Será difícil comenzar las clases

En los últimos años hubo un gran esfuerzo de Nación y provincias para aumentar el salario docente en términos reales. Pero la gran desigualdad fiscal entre éstas y la inflación que presiona sobre los maestros conspiran contra la negociación actual.

Por: Axel Rivas
Fuente: DIRECTOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE CIPPEC
No será fácil el inicio de clases este año. La crisis económica mundial se sumó a las extremas desigualdades fiscales que azotan a las provincias, encargadas del pago a los docentes. Mientras, la inflación presiona sobre los bolsillos de los maestros, junto con el desgaste que implica la contención social en un contexto de acuciantes necesidades de sus alumnos.

Un riguroso análisis del financiamiento educativo es inevitable para contextualizar el problema. La historia reciente muestra que los salarios docentes se depreciaron desde 1975, especialmente en las crisis de 1989 y 2001. Desde 2003 se inició un proceso de recuperación muy significativo. El salario docente promedio actual es un 78% superior en términos reales (considerando la inflación confiable, no los datos del INDEC) al de 2002 y un 48,5% mayor al de 1995.

Este incremento marca el logro de la Ley de Financiamiento Educativo sancionada en 2005. Su meta fue alcanzar en 2010 el 6% del PBI destinado a Educación, partiendo de un 4,1% en 2004. En 2008 se cumplió ampliamente: la meta era 5,3% y se llegó a 5,8%. Esto implicó una inversión educativa total de $ 59.895 millones, una cifra que duplica en términos reales a la de 2002 y es superior en un 70% a la de 1995. Tanto en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) como en inversión real por alumno se trata de un récord histórico para todas las mediciones disponibles.

Este logro es fruto de un esfuerzo conjunto. La iniciativa nacional fue acompañada y cumplida por las provincias, gracias a la presión sindical y la aprobación social de priorizar la inversión educativa. Así como este es un logro compartido, también es producto de una diversidad de actores el incumplimiento de la Ley de 180 días de clase en varias provincias en los años recientes. Este es uno de los desafíos educativos pendientes.

Una clave central para avanzar en la etapa de negociaciones previa al inicio de clases es tener parámetros objetivos. Los paros deberían ser una alternativa excepcional, especialmente en un contexto donde se priorizó tanto la inversión educativa. Pero el monto de los aumentos salariales debería juzgarse teniendo en cuenta indicadores comparados concretos de las provincias, no sensaciones o estados de ánimo de los gobiernos y sindicatos.

Una comparación muy ilustrativa la ofrecen la provincia y la ciudad de Buenos Aires (PBA y CABA). Ambas pagan el mismo salario docente, pero sus condiciones fiscales son opuestas. La PBA cedió gran parte de su coparticipación en 1988 y hoy es la provincia con menos recursos estatales por habitante. Así es como el gobierno nacional la mantiene cautiva políticamente, dado que depende de sus fondos para subsistir.

En cambio la CABA tiene muchos recursos propios, poca población infantil y muchos alumnos en escuelas privadas. Mientras el Estado de la PBA disponía de $8.074 por niño en edad escolar en 2008, la CABA tenía casi tres veces más ($23.238). Por eso la PBA debe destinar el mayor porcentaje del presupuesto a Educación de todo el país: 38,5%, frente a 26,9% de la CABA.

Incluso, si se compara el esfuerzo que ambas realizan por pagar los salarios docentes en relación con los recursos que tienen por habitante en edad escolar, se ubican en los dos extremos de las 24 jurisdicciones del país. La PBA destina el mayor esfuerzo (junto con Córdoba) y la CABA, el menor. Esto se explica por dos factores centrales: el Estado de la PBA es mucho más pobre y la CABA destina más recursos a las escuelas de jornada completa, que alcanzan al 43,8% de la matrícula estatal (en PBA apenas el 3% accede a esta posibilidad). La CABA podría pagar mejores salarios docentes si realizase un esfuerzo similar al promedio del país, en cambio la PBA sólo puede hacerlo a costa de un endeudamiento a esta altura inviable en términos fiscales.

2010 es el año de finalización de la Ley de Financiamiento Educativo y del Incentivo Docente, que reparte recursos nacionales por igual a todas las provincias, sin considerar sus desigualdades. Es una oportunidad para rediscutir el trasfondo del federalismo educativo y fiscal, que determina la injusta situación de los alumnos y docentes, según dónde les toque vivir.

En el camino, es clave que las discusiones salariales de inicio de año sean racionales y rigurosas, comparando la evolución de los recursos, salarios y esfuerzos de cada una de las provincias y reclamando por una nueva coparticipación, que haga del federalismo un régimen educativo más justo.

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